A casi tres décadas del trágico atentado que sacudió Río Tercero, el Estado nacional comenzó a abonar las indemnizaciones pendientes por daño moral a los damnificados por las explosiones de la Fábrica Militar en 1995.
Este hecho, que dejó siete muertos, cientos de heridos y una ciudad con barrios devastados, inicia una nueva etapa con los primeros desembolsos tras años de reclamos y procesos legales.
EXPLOSIÓN EN RÍO TERCERO: PAGARÁN LAS INDEMNIZACIONES
Por el momento, 10 personas ya cobraron este resarcimiento en bonos del Estado, con un valor aproximado de 8.000.000 de pesos por damnificado, según le confirmó el abogado Mario Ponce a La Voz. El monto final está sujeto a la cotización diaria de los bonos. Ponce también anticipó la recepción de 1.000 formularios de pago adicionales, lo que indica que un número significativo de damnificados está próximo a recibir su indemnización.
Estos pagos se originan en la ley 27.179, sancionada casi por unanimidad en el Congreso a fines de 2015 y reglamentada en 2018. Esta ley estableció el pago por vía administrativa para evitar la prolongación de juicios iniciados contra el Estado nacional por las explosiones. Sin embargo, hasta el presente, la ley no se había cumplido.
Tras años de demoras, las partes involucradas lograron un acuerdo en la Cámara Federal de Córdoba sobre la modalidad del resarcimiento. Entre 1996 y 1999, el Estado ya había realizado pagos administrativos por muertes, heridos y daños materiales a miles de habitantes de Río Tercero.
No obstante, más de 12.000 personas iniciaron acciones judiciales al considerar insuficientes las indemnizaciones recibidas o por no haber sido resarcidas. Algunas de estas demandas obtuvieron sentencias favorables y fueron abonadas con el tiempo.
Sin embargo, un grupo de 8.000 demandas, mayormente por daño moral y representadas por Ponce, permanecía pendiente. La ley de 2015 buscó resolver esta situación al ordenar el pago por vía administrativa.
CÓMO SEGUIRÁN LOS PAGOS A LOS DAMNIFICADOS EN RÍO TERCERO
Según fallos judiciales confirmados por la Corte Suprema, las explosiones en la Fábrica Militar fueron un atentado intencional y organizado desde dependencias estatales. El objetivo era ocultar las maniobras de ventas ilegales de armas de Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
Aunque el Estado está cumpliendo con los términos establecidos, el abogado Ponce señaló que existen demoras y aún no hay certeza sobre el plazo en que se completarán los pagos a los 8.000 demandantes. Considerando un monto de 8.000.000 de pesos por damnificado por daño moral, la cifra total a desembolsar por el Estado podría ascender a unos 65 mil millones de pesos. El Gobierno estima una cifra cercana a los 85 mil millones de pesos.
