Carmen Álvarez Rivero, la senadora por la provincia de Córdoba, expuso su opinión acerca del derecho de los niños argentinos a ser atendidos en el Hospital Garrahan. Inmediatamente, desató una polémica en las redes sociales.
Qué dijo Carmen Álvarez Rivero, la senadora de Córdoba
“No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”, fue el fragmento de su larga presentación durante la noche del martes 19 de agosto.
Quién es Carmen Álvarez Rivero, la senadora de Córdoba
Álvarez Rivero nació el 28 de julio de 1965 en Córdoba, es una empresaria, docente, analista programadora y analista en sistemas y política argentina afiliada al PRO, dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Es senadora nacional por Córdoba, con mandato desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 9 de diciembre de 2027.

Es la séptima hija de una familia ultracatólica y heredera de la megadesarrollista Delta, pero no integra su directiva. Su carrera como profesora de educación inicial, comenzó en la Escuela Nacional de Profesores Alejandro Carbó.
Fue presidenta y directora de Proyectos Sociales (2011–2021) en la Fundación Civilitas, donde actualmente se desempeña como secretaria general. Desde 2015, es directora comercial de Senior Consulting, enfocada en mejorar la competitividad de empresas e instituciones. Desde abril de 2021, ocupa el cargo de prosecretaria en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Córdoba.
El rol de la cordobesa Álvarez Rivero en el Senado
En el Senado, Álvarez Rivero preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. En sus primeros meses como senadora, su planta de asesores creció de cuatro a 21 empleados en tres meses. Según explicó, ocho tenían la categoría salarial más baja (A14) y el resto trabajaba de forma remota desde Córdoba.

Respecto a sus declaraciones recientes sobre el derecho de menores de edad de asistir al Garrahan, Álvarez argumentó en que la salud es de gestión provincial y que hospitales de alta complejidad atienden mayoritariamente a la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a pesar de ser financiados por todos los argentinos.