Desde hace tiempo, una histórica empresa láctea atraviesa por distintos momentos con reducción de personal y paralización de producción. Durante décadas simbolizó la integración regional y una presencia constante en el mercado doméstico.
Se trata de SanCor, que enfrenta una de sus crisis más profundas. Su situación actual se debate en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, donde se tramita un concurso preventivo de “clase A” dada su magnitud.
CRISIS: UNA EMPRESA DE CÓRDOBA ESTÁ AL BORDE DEL ABISMO
Una fecha determinante en este proceso es el 29 de mayo, plazo fijado para que los acreedores presenten la documentación necesaria para verificar sus créditos. Esta etapa busca ordenar el mapa de pasivos de la firma y, potencialmente, abrir la puerta al ingreso de inversores capaces de rescatar una porción de su negocio. Sin embargo, hasta el momento, las señales concretas de interés por parte de capitales son limitadas.
La situación operativa de la cooperativa es desalentadora. En la actualidad, apenas procesa entre 50.000 y 60.000 litros de materia prima diarios, una cifra inferior a los más de cuatro millones que manejó en sus épocas de auge. La planta ubicada en La Carlota, especializada en la elaboración de quesos duros, permanece inactiva desde enero sin perspectivas claras de reapertura. Su inserción en el mercado es mínima, y los canales de comercialización se encuentran desarticulados.
En el último año, SanCor redujo su dotación de 1.350 a aproximadamente 850 empleados. Esta drástica disminución, producto de desvinculaciones voluntarias, jubilaciones y despidos, no logró estabilizar sus operaciones ni generar el flujo de fondos necesario. Las inversiones básicas en insumos, logística y tecnología continúan siendo necesidades insatisfechas.
A este cuadro económico se añade la presión ejercida por acreedores particulares en el ámbito judicial. Algunos, como el caso de Hypred Argentina, buscaron avanzar con embargos y subastas de bienes, intentando rematar 43 toneladas de queso, aunque la justicia frenó provisionalmente esta acción, evidenciando la fragilidad patrimonial.
La cooperativa intentó diversas estrategias de salvataje en el pasado, incluyendo negociaciones con grupos empresariales afines al gremio lechero o capitales internacionales, pero ninguna prosperó. Ante este panorama, la intervención del juez Guillermo Vales aparece como el último recurso institucional.
El magistrado procura evitar una quiebra tradicional y analiza alternativas como la venta directa o una reorganización de sus activos que permita mantener operativa alguna unidad productiva. Si bien la fecha del 29 de mayo es crucial, el calendario concursal prevé otra instancia significativa el 1 de julio, plazo final para presentar impugnaciones a los créditos verificados. Lo que sigue es un proceso complejo, cruzado por intereses legales, apremios económicos y decisiones políticas6.
