Un grave hecho de violencia laboral se registró en Puerto Rico, donde la Policía de Misiones detuvo a dos hombres acusados de haber golpeado, amenazado y retenido por más de dos horas a un chofer de transporte. Los implicados serían el dueño de una empresa y uno de sus empleados, quienes habrían atacado al trabajador dentro del depósito de la firma, ubicado sobre la ruta nacional 12, en el paraje Mbopicuá.
De acuerdo con fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando Juan Ramón P. (39) regresaba al galpón tras realizar entregas. En ese momento, mantuvo una discusión con su empleador, Sergio Omar V., por la rendición de dinero. Según denunció la víctima, tras entregarle 300.000 pesos, el empresario le exigió 500.000, y al no poder entregarle esa suma, comenzó a golpearlo junto a tres hombres con puños, machetes y armas de fuego.
Durante el ataque, el chofer fue retenido contra su voluntad durante más de dos horas, hasta que logró escapar y llegar a su domicilio. Posteriormente se presentó en la Comisaría Primera de Puerto Rico para radicar la denuncia y fue atendido en el hospital local, donde los médicos constataron más de 40 lesiones entre cortes, hematomas y excoriaciones compatibles con el uso de elementos punzocortantes.
A raíz de la denuncia, y bajo directivas del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, la Policía desplegó un operativo simultáneo durante la madrugada de este domingo. En una vivienda del barrio Ruta 12 fue detenido Jorge Gabriel V. (46), presunto autor principal, y se secuestraron una camioneta Ford Ranger, un machete y un martillo.
En paralelo, otro allanamiento se realizó en el depósito de la empresa, donde fue detenido Lucas Emiliano G. (32), empleado del lugar. Allí se incautaron un rifle calibre 22 con seis cartuchos, cinco machetes, un puñal, un látigo de goma, dos mazas, teléfonos celulares —entre ellos uno perteneciente al denunciante— y el equipo DVR del sistema de cámaras de seguridad, considerado prueba clave en la causa.
Los detenidos fueron notificados del motivo de su arresto y quedaron a disposición de la Justicia. En los procedimientos intervinieron la División Brigada de Investigaciones, el Comando Radioeléctrico de Puerto Rico y Capioví, la División Criminalística y Cibercrimen, bajo la coordinación de la Unidad Regional IV.