Los denunciantes, con el patrocinio de los abogados Rafael Mariano Giampaolo y Rubén Pagliotto, son Rubén Darío Albarenque, Graciela Susana Benavidez, José Reinaldo Colli, Sergio Daniel Fragazzini y María Angélica Pérez. En el escrito judicial se acusa al interventor Mariano Gallegos, al subinterventor Ricardo García y al director general de la intervención, Raúl Matías Sánchez, por delitos como administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abandono de persona.
Una de las acusaciones más sensibles está vinculada al fallecimiento de Gustavo Godoy, afiliado a IOSPER, quien necesitaba con urgencia un marcapasos. Según la denuncia, debido a una demora de 12 días en la provisión del dispositivo, el paciente murió sin haber recibido el tratamiento. El escrito menciona que el interventor atribuyó la responsabilidad a una empresa proveedora, sin reconocer la responsabilidad institucional, lo que los denunciantes calificaron como una “desfachatez y falta total de empatía”.
La denuncia también señala presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la intervención del organismo. Entre ellas, se destacan convenios millonarios sin licitación pública —a pesar de que los montos superaban los umbrales establecidos por el Decreto 795/96 MEOSP—, contratos en dólares sin justificación legal, y el uso de proveedores no inscriptos en el padrón provincial, sin domicilio legal en Entre Ríos, lo que contraviene la Ley de Compre Provincial Nº 9353.
Un punto crítico refiere al funcionamiento del sistema de provisión de prótesis, donde se denuncian pagos efectuados sin auditoría posterior a dos de las cuatro empresas contratadas: MTG GROUP S.R.L e IPMAG S.A. Las cuatro proveedoras son firmas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin domicilio constituido en Entre Ríos ni inscripción en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, y sin antecedentes conocidos en el rubro. “Casualmente —o causalmente—, el interventor Gallegos y el director Raúl Sánchez son oriundos de CABA, lo que despierta serias sospechas”, expresaron los denunciantes.
Además, se advierte que estas empresas no estarían inscriptas ante ATER (Administradora Tributaria de Entre Ríos) para tributar Ingresos Brutos, lo cual implicaría una irregularidad fiscal adicional al incumplir con la presentación del certificado de libre deuda, requisito indispensable para percibir pagos por parte de un organismo estatal.
En el caso del subinterventor Ricardo García, la denuncia agrega una contratación directa por vía de excepción a unm proveedor por $980.000 para la prestación de servicios de sonido, iluminación y streaming de un evento realizado el 28 de abril de 2025. El pago se habría concretado mediante una resolución que autorizó el desembolso anticipado sin orden de compra previa.
Este escenario judicial suma tensión al debate político por la futura reestructuración del IOSPER y abre interrogantes sobre el manejo de los recursos de una obra social que administra los aportes de miles de trabajadores públicos entrerrianos.
