La medida, fechada el 5 de mayo de 2025 y publicada en el Boletín Oficial Nº 28.103, se basa en la investigación iniciada por el Decreto Nº 1744/23 MS, a partir de la denuncia de una estudiante en prácticas, identificada como K.O., quien reportó conductas inapropiadas por parte del profesional durante su pasantía.
Según consta en el expediente, la joven relató un episodio ocurrido el 11 de abril de 2023, donde Ghirardi habría tenido contacto físico injustificado con ella, además de describir una serie de comportamientos previos que consideró invasivos y reiterados. Indicó haber reaccionado verbalmente en cada ocasión, expresando su incomodidad ante testigos del equipo de salud.
La denuncia fue respaldada por el testimonio de la Dra. Sandra Fettolini, odontóloga del hospital, quien corroboró lo manifestado por la estudiante y aseguró haber intervenido directamente en una de las situaciones, en la que pidió al Dr. Ghirardi que no tocara a las alumnas, ante lo cual —según su declaración— el acusado “se rió”.
Durante el proceso, el Dr. Ghirardi negó los hechos y sostuvo que las acusaciones formaban parte de una supuesta maniobra para desplazarlo del cargo. No obstante, la investigación sumarial recopiló numerosas pruebas y testimonios que reforzaron la versión de la denunciante.
Entre ellos, se destacan las declaraciones del exdirector del hospital, Dr. Marcelo Javier Ascua, quien afirmó que “las pasantes se sentían incómodas porque Ghirardi las tocaba”; y los informes de las funcionarias policiales Mirta Natalia Heis y Natalia Noemí Ruiz, quienes atendieron la denuncia y describieron a la joven como visiblemente afectada y angustiada.
Asimismo, el informe del Equipo Interdisciplinario que intervino en la causa “O., K. A. C/ GHIRARDI, PEDRO S/ Violencia de Género (Laboral)” (Expte. Nº 7266) concluyó que las conductas denunciadas habían generado un claro impacto negativo en la estudiante, al punto de que debió abandonar sus prácticas y regresar a su ciudad natal, General Roca, Río Negro, antes de finalizar su formación.
La resolución oficial destaca la asimetría de poder entre el profesional acusado y la pasante, y considera probadas las conductas de acoso y abuso de autoridad, por lo que se resolvió aplicar la máxima sanción administrativa: la desvinculación definitiva del profesional del sistema público de salud.
