En el marco de la investigación por el doble femicidio que conmocionó a Córdoba, se conocieron las pericias psiquiátricas realizadas a Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamundio. El informe, elaborado meses antes del crimen, determinó que el hombre “no revestía peligrosidad”, pese a haber violado una orden de restricción.
La pericia que no anticipó el riesgo
Según trascendió, la evaluación psiquiátrica realizada en enero de 2024, tras una denuncia previa de Giardina, concluyó que Laurta comprendía la criminalidad de sus actos y que no presentaba indicadores de riesgo o patologías graves. “El informe establecía que era imputable, pero no peligroso”, confirmaron fuentes judiciales del caso, según Radio Mitre.
Esa conclusión contrasta con los hechos ocurridos meses después, cuando Laurta asesinó a Luna y a su exsuegra de dos disparos en la cabeza.
Un historial de denuncias y advertencias
El secretario de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV Turno 6, Iván Vocos, confirmó que Laurta había sido imputado por desobediencia a la autoridad tras incumplir una orden de restricción. “Estuvo detenido durante un mes y recuperó la libertad el 8 de febrero de 2024”, detalló el funcionario.
La jueza de Violencia Familiar Victoria Jalil había dispuesto colocarle una tobillera electrónica, pero la medida nunca se concretó: Laurta viajó a Uruguay antes de su implementación. “El dispositivo solo puede colocarse si la persona está en territorio argentino”, explicaron desde el juzgado.
Cómo el acusado eludió los controles
A pesar de tener prohibido el ingreso con armas, Laurta habría regresado al país por pasos no habilitados o en avioneta, burlando los controles fronterizos. Desde octubre de 2023 hasta el día del crimen, la perimetral y el botón antipánico de Luna seguían activos.
Un día antes del femicidio, la Policía recibió una alerta por batería baja del dispositivo de Luna, pero no se actuó a tiempo. El sábado, el agresor irrumpió en la vivienda y disparó a quemarropa contra ambas mujeres.
El caso expuso fallas en la cadena de protección judicial y tecnológica, así como en la coordinación entre organismos. Las pericias, las medidas de restricción y las alertas de emergencia no lograron evitar el desenlace fatal.
