Tiene lugar en la Cámara de Diputados una de las sesiones más desafiantes para el gobierno de Javier Milei. En un clima de extrema tensión, la oposición logró voltear el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Esperan hacer lo propio con las otras (aumento jubilatorio, moratoria y asistencia a Bahía Blanca), a la vez que intentará sancionar las dos iniciativas de los gobernadores para inyectar fondos a las provincias, y destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA.
La sesión comenzó con 136 presentes. La sorpresa, al momento del quórum, fue la presencia de dos diputados de La Libertad Avanza. Por un lado, la periodista Marcela Pagano, que está enemistada al titular de la Cámara, Martín Menem, y colabora por segunda vez con la oposición. Por otro, el puntano Carlos D’Alessandro, que está en guerra con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, porque le intervino el partido de La Libertad Avanza en San Luis.
Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda dijeron presente, al igual que algunos radicales como la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, y la exlibertaria mendocina Lourdes Arrieta, que bajó al recinto junto con Pagano y D’Alessandro. Los cuatro representantes del gobernador cordobés Martín Llaryora, sumados a Natalia De la Sota, se sentaron en sus bancas.
Para rechazar los vetos de Milei, la oposición debe reunir dos tercios de los votos emitidos. Si los consiguen, los vetos pasarán al Senado, que tendrá la última palabra. A la inversa, el oficialismo necesita juntar un tercio para hundir las leyes. Si los 257 diputados estuvieran presentes, ese número son 86 votos, pero La Libertad Avanza apuesta a las ausencias y abstenciones para reducir la base de cálculo.
Cuando faltaba media hora para el horario citado, un anuncio a medio camino por parte del Gobierno causó indignación entre los diputados de la oposición que caminaban entre pasillos y despachos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en redes sociales que “están considerando” un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, uno de los ejes de la ley sancionada.
El mensaje irritó a más de un diputado, sobre todo después de que algunos aliados oficialistas que estaban incómodos con rechazar los vetos intentaran sin éxito hacer reaccionar al Gobierno. Según supo La Voz, hubo legisladores que se acercaron a Menem y le sugirieron destinar “todo el dinero de las pensiones mal otorgadas” a financiar el aumento de los prestadores. Pero la respuesta fue negativa.
En este contexto, el mensaje de Adorni no parecía torcer voluntades: en la oposición se mostraban decididos a insistir con la norma, que es la que más posibilidades tiene de quedar en pie. En cambio, la restitución de la moratoria tiene menos chances de prosperar, mientras que en la oposición se abría una esperanza respecto de la otra ley jubilatoria, que recompone los haberes en un 7,2% y lleva el bono a $110.000.
El debate sobre discapacidad es el primer punto del temario. El proyecto declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. En ese marco, busca asegurar el financiamiento de las pensiones no contributivas; otorgar una compensación de emergencia a los prestadores y actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles; y garantizar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
También se actualiza la asignación estímulo, esto es, la prestación otorgada a las personas con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos; se permiten nuevos ingresos a ese régimen de empleo; y se dispone la protección de la salud para los beneficiarios de las pensiones. Además, se establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas por invalidez a pensiones por discapacidad.
