La familia de Mateo, un perro de 10 años, presentó una denuncia formal en San Guillermo, un ciudad en el oeste de Santa Fe, luego de que un empleado municipal se lo llevó bajo engaño la mañana del 31 de julio, asegurando que lo llevaría a una protectora, pero horas después fue encontrado casi muerto en un baldío.
Según denunciaron, el empleado llegó a la casa con una nota firmada por la intendenta Romina López y retiró al animal con su camioneta alrededor de las 9 a. m. La entrega fue aceptada por la familia confiando en que sería traslado a un canil autorizado.
Un ciclista encontró a Mateo agonizando en un terreno cercano al basural municipal. “Se le veía el corazón”, describieron desde la familia. Las heridas eran compatibles con un atropellamiento o haber sido arrastrado.
Relataron también que el agresor le tomó una foto al perro herido y la envió a grupos de proteccionistas, lo que viralizó el caso. Después habría retirado el cuerpo y tapado las manchas de sangre con tierra, desapareciendo al animal sin informar a la familia.
La familia denunció que no se les permitió acceder a las cámaras de seguridad del municipio para aclarar qué pasó. Tampoco les explicaron dónde está el cuerpo ni cómo lo manejaron tras el encuentro.
La intendenta confirmó públicamente que el caso está en investigación y que se inició un sumario interno, aunque aclaró que aún no se imputó al empleado ya que no puede despedirlo sin un procedimiento previo.
Mientras tanto, vecinos y organizaciones proteccionistas locales expresaron su repudio y exigieron una respuesta rápida por parte de las autoridades. El caso reavivó el debate sobre la necesidad de sanciones ejemplares.
La causa fue caratulada como actos de crueldad animal y está bajo la investigación de la Unidad Fiscal de San Cristóbal, con intervención de la fiscal Silvina Verney.
En Santa Fe, la Ley 14.346 prevé penas de hasta 1 año de prisión por maltrato animal. La familia y organizadores exigen que esta causa sirva para reforzar controles y no quede impune
