Un nuevo hecho de violencia estremeció a Rosario este miércoles por la noche. Un hombre de 33 años fue asesinado dentro de su casa con un disparo en la cabeza. El crimen ocurrió en la zona oeste de la ciudad, en 27 de Febrero al 7900, a metros de la cárcel, y es investigado por la Justicia bajo la hipótesis de un ataque premeditado.
Según los primeros reportes policiales, la víctima fue identificada como Hernán Darío Martínez, quien residía en el lugar del hecho. El ataque ocurrió alrededor de las 22 horas, cuando, por razones que aún se intentan esclarecer, alguien ingresó a la vivienda y le disparó a quemarropa.
Familiares alertaron a la policía al escuchar detonaciones de arma de fuego. Al llegar al domicilio, personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando Radioeléctrico encontró al hombre gravemente herido, con un balazo en la cabeza. Poco después se confirmó su fallecimiento.
Minutos después del hecho, el presunto autor material del homicidio fue detenido en Las Palmeras al 3000.

El fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gastón Ávila, ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho. Entre ellas, se dispuso la intervención del gabinete criminalístico, el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y la toma de testimonios a vecinos.
En la escena del crimen, los peritos secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros, compatible con la herida que presentaba la víctima. Además, no se observaron signos de violencia en las puertas ni en las ventanas, lo que refuerza la hipótesis de que la persona que disparó habría sido conocida por el fallecido.
Fuentes judiciales indicaron que no se descarta ninguna línea de investigación, aunque se analiza si el crimen podría estar vinculado a disputas personales o a otras causas aún no establecidas. La víctima no tenía antecedentes penales recientes, pero su entorno será clave para avanzar con la pesquisa.
Con este hecho, Rosario suma un nuevo crimen en el marco de una escalada de violencia que mantiene en alerta a las autoridades. Las organizaciones civiles insisten en la necesidad de reforzar la presencia estatal en los barrios más golpeados por el narcotráfico y los conflictos armados.